Los trabajadores del Poder Judicial se fueron a paro el pasado 19 de agosto en rechazo a la reforma judicial que propuso en ese momento el presidente López Obrador.
Por Redacción |octubre 26, 2024 |Foto: Cuartoscuro/sabel Mateos Hinojosa| 1:30 hrs. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, dio a conocer este sábado 26 de octubre el daño económico que tuvo el paro de más de dos meses de los trabajadores del Poder Judicial.
A través de un mensaje en sus redes sociales, la ministra Batres Guadarrama señaló que la cifra del daño económico que dejó el paro de labores es mayor a los 10 mil millones de pesos.
¿Cuál fue el costo económico del paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial?
Lenia Batres detalló que en 67 días del paro de labores en juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación ocasionó un daño económico de 12 mil 650 millones 565 mil 738 pesos al erario.
En una imagen detalló que el presupuesto anual de los tribunales de circuitos y los juzgados de distrito es de 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos; y que la cantidad por día fue de 188 millones 814 mil 414 pesos.
¿Por qué se fueron a paro los trabajadores del Poder Judicial?
El paro de labores surgió como manifestación de los inconformes al interior del Poder Judicial, a la que se sumaron jueces y magistrados, por la reforma que impulsa en junio de 2025 la elección de la mitad de todos los jueces y magistrados del país, así como de la totalidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado miércoles 23 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo del Poder Judicial en México, determinó reanudar por completo las actividades en todos los tribunales y juzgados del país y advirtió de sanciones a quienes se mantengan en paro.
La resolución, tras una votación dividida, se dio a conocer mediante la ‘Circular 23/2024′ y la cual pone fin a la interrupción de labores, salvo casos urgentes, que llevaban a cabo trabajadores del Poder Judicial por poco más de dos meses, desde el 19 de agosto.
Con esta decisión, a partir del 24 de octubre, los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán asegurar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y operativas necesarias para garantizar la correcta impartición de justicia.
La votación, que finalizó con cuatro votos a favor y tres en contra, reafirma lo establecido previamente en la Circular 22/2024, emitida el pasado 16 de octubre, en la que se había anunciado la reapertura de los tribunales y juzgados, según precisó la nota.
Con este nuevo fallo, se hace hincapié en la obligatoriedad de que todo el personal cumpla con el control de asistencia para asegurar el funcionamiento óptimo del sistema judicial.
